El empresario Fernando Rafael Salgado Chávez inició el proceso de una serie de acciones legales en Estados Unidos para llevar a una corte, a la periodista Guadalupe Lizárraga y al medio Los Ángeles Press, tras la difusión de una serie de difamaciones, en los que se le vincula sin pruebas ni fundamentos y como si fuera una broma de mal gusto, que él es colaborador de todos los cárteles que existen en México.
Para esta defensa legal, Salgado es representado por el reconocido bufete Clare Locke LLP, con sede en Virginia, Estados Unidos. Las notificaciones formales fueron firmadas por los abogados Thomas A. Clare y Kathryn G. Humphrey, especialistas en litigios por difamación, quienes exigen retractaciones públicas, el cese inmediato de las publicaciones y la revelación de las fuentes utilizadas, argumentando que los reportajes contienen afirmaciones falsas y maliciosas.
En el fondo de esta controversia, el empresario sostiene que todo lo que ha hecho esta periodista y su socia es una mentira creada con falsedades y constituye una conspiración en su contra, articulada con el fin de dañar su imagen y presionarlo públicamente.
Lizárraga, tras ser notificada legalmente en Estados Unidos, ofreció un espacio limitado de 700 caracteres para una réplica, intentando con ello reducir su responsabilidad jurídica; sin embargo, en ese país no existe esta acción “simbólica” como la hay en México. Paralelamente, ha buscado posicionar un discurso de “censura” para desviar la atención de las consecuencias legales que enfrenta, pese a que en ocasiones anteriores ha señalado y descalificado a otros medios de Baja California, incurriendo ella misma en prácticas de presión al gremio.
Ahora busca que periodistas se solidaricen con ella, como ya lo hizo su socia Dianeth Pérez Arreola, de Brújula News. Desde el día uno en que inició la campaña de difamación contra Fernando Salgado, ambas han trabajado de manera coordinada y hoy replican el mismo método mediático. A esta estrategia se ha sumado también la diputada Yohana Gilvaja, pieza política cercana al exgobernador Jaime Bonilla. Los errores y movimientos entre estas figuras han generado un trasfondo claramente político, con la expectativa de que, mediante presión mediática, el empresario se vea intimidado, tal como en ocasiones ocurre con actores públicos que terminan cediendo ante campañas de hostigamiento para mantener la impunidad.
La estrategia legal encabezada por Clare Locke responsabiliza directamente a Lizárraga por daños morales, psicológicos y económicos, al considerar que las publicaciones, al vincular falsamente al empresario con estructuras criminales, representan un riesgo real y directo para su seguridad y la de su entorno. Además, ante la corte no podrá ampararse en el anonimato de sus supuestas fuentes por la gravedad de las acusaciones, por lo que deberá rendir cuentas de cada declaración. Expertos legales advierten que su carrera podría enfrentar un duro golpe por haber difundido información sin sustento y basada únicamente en calumnias.
En este caso, la defensa legal sostiene que todo lo que ha hecho esta periodista y su socia es una mentira creada con falsedades, que forma parte de una conspiración en contra del empresario, con el propósito de dañar su imagen pública y ejercer presión mediática. Lizárraga deberá responder ante la corte en Estados Unidos, presentando las supuestas pruebas y los testimonios anónimos que asegura tener, ya que no podrá ampararse en el anonimato de sus fuentes frente a acusaciones de esta magnitud. De no comprobar lo dicho en sus publicaciones, enfrentaría consecuencias legales severas, y expertos señalan que incluso su carrera podría terminar en ese punto, al quedar exhibido que no trabajó con la verdad, sino a partir de calumnias y afirmaciones sin sustento.
Antecedentes de cuestionamientos y señalamientos legales
El nombre de Guadalupe Lizárraga también ha aparecido en otros casos delicados y está documentado por el medio Proceso. En el marco del asesinato de Miroslava Breach, un testigo protegido conocido como “Apolo” declaró ante la autoridad judicial que fue privado de la libertad y coaccionado para participar en una entrevista con Lizárraga, donde le indicaban exactamente qué debía responder. Esa grabación fue publicada en Los Ángeles Press y forma parte de las investigaciones abiertas por fiscalías de CDMX y Baja California.
De igual forma, en el llamado “Caso Vallarta”, medios de CDMX han cuestionado la veracidad de las fuentes empleadas por Lizárraga y señalaron que ya perdió al menos una demanda legal relacionada con declaraciones falsas difundidas en sus reportajes, lo que refuerza los antecedentes de controversias jurídicas y éticas en su labor periodística.
Casos como el de Anabel Hernández, quien también enfrentó demandas legales en Estados Unidos por afirmaciones falsas en publicaciones, demuestran que la libertad de expresión no es un blindaje frente a los actos de difamación.
En México no existe el delito penal de difamación; sin embargo, en Estados Unidos la legislación contempla sanciones civiles severas, incluyendo compensaciones económicas significativas. Por ello, el caso de Fernando Salgado podría marcar un precedente relevante al desenmascarar publicaciones falsas y peligrosas que exceden los límites éticos del periodismo y ponen en riesgo vidas humanas.
